Columna de Eugenio Rivera Urrutia
Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Freie Universität de Berlín y colaborador de La Casa Común.
La propuesta gubernamental es inteligente y es sólida, la participación de Codelco permite avanzar significativamente, sin esperar la aprobación legislativa de la Empresa Nacional del Litio. Es probablemente la política estratégica mejor definida y estructurada que ha formulado un Gobierno en mucho tiempo. Más allá de declaraciones que pueden confundir a algunos –propio esto de los primeros momentos en que se lanza una política innovadora–, se observa una gran claridad en los objetivos, gran consistencia entre los componentes y un elenco de personas con gran experiencia y capacidad.
En carta publicada en El Siglo, destacados dirigentes y dirigentas políticas, economistas y otras profesionales han cuestionado la estrategia gubernamental del litio. Sus principales discrepancias son que se debe descartar desde un inicio la colaboración con las empresas que operan hoy el salar de Atacama y anunciar que, a partir del fin del contrato de arrendamiento, el Estado contratará “desde ya con la estatal (Codelco) la explotación exclusiva del Salar de Atacama” y que la explotación de los salares menores debe ser, también, enteramente estatal. En contraposición con la propuesta gubernamental, la carta da, en la práctica, un portazo a la colaboración público-privada.
La idea que subyace a lo largo del texto es la que orientó la política de nacionalización del cobre hace poco más de 50 años. Y, en ese entonces, estuvo bien; permitió desarrollar una gran empresa pública que ha sido un pilar fundamental del financiamiento y la economía nacionales. Más aún, pese a representar Codelco 1/3 de la producción cuprífera nacional, entre 2000 y 2019 contribuyó (junto con Enami) con el 58% del aporte de la minería a los ingresos públicos; las 10 grandes empresas mineras privadas (que controlan 2/3 de la producción), solo un 42%.
No obstante, medio siglo después, el mundo ha cambiado radicalmente. Hace 50 años la economía mundial estaba integrada solo a través de la inversión directa en actividades extractivas y en la venta de materias primas y, como contrapartida, los países de la periferia adquirían bienes de consumo y de capital. Hoy, y ya desde hace tiempo, la economía global está estructurada sobre la base de una producción distribuida a nivel global, inserta en cadenas de valor que permiten a un país como el nuestro incorporarse activamente no solo como productor de materias primas, sino que a lo largo de la cadena productiva, lo que diversifica, multiplica y potencia los flujos de ingreso para Chile.
Este es el objetivo ambicioso de la política anunciada por el Presidente de la República, que no se recoge en la carta que comentamos. La Estrategia Nacional del Litio forma parte de una propuesta innovadora y sistémica que se inserta en los esfuerzos por establecer una nueva estrategia de desarrollo. En lo que se refiere al litio, no se trata solo de que el Estado participe en la extracción de litio y de un genérico “agregar valor”, se trata de una política que en el corto plazo busca construir empresas con control mayoritario de Codelco, que apunta a poner con rapidez a Chile como el primer productor del mundo y colaborar de forma protagónica con la transición energética mundial, pero al mismo tiempo a insertarse activamente en las actividades de mayor valor agregado de las cadenas de valor internacionales en que el litio juega un papel crucial: electromovilidad y energías limpias y renovables, entre otras. Esto implica el desarrollo de una amplia red de relaciones y de colaboración con empresas nacionales y globales en los diversos eslabones de la cadena.
Para entender el alcance de la estrategia anunciada por el Gobierno es insuficiente mirar solo el litio. La gran oportunidad del país se estructura por su rol preponderante en la producción cuprífera, que es también clave para varias áreas de la transición energética que vive el mundo y la producción de hidrógeno verde que, en el mediano plazo, va a transformar radicalmente la matriz energética. Se trata de una política que pone atención central en el desarrollo de las capacidades tecnológicas de Chile, que incorpora a las universidades, que crea el Instituto Tecnológico del Litio, en estrecha cooperación con la investigación universitaria y, ello, sobre la base de la colaboración con empresas y centros de investigación internacionales. El tipo de empresa que se pretende desarrollar tiene elementos similares a la noruega Equinor, empresa estatal que controla la producción de petróleo y gas de ese país, que cumple un papel fundamental en el abastecimiento de Europa y está trabajando activamente en la transición energética global.
En este contexto, altamente complejo y que obliga a interactuar con múltiples actores (empresas a lo largo de la cadena productiva, Estados y comunidades), no resulta razonable proponer que el Estado se haga cargo en forma exclusiva de los pequeños salares. Otras alternativas son posibles y permiten desarrollar una colaboración fructífera con múltiples empresarios medianos.
La dimensión política de la iniciativa es fundamental. Hasta ahora la reacción empresarial ha sido dual: los dirigentes gremiales y algunos empresarios la han criticado porque creen ver una contradicción con el discurso del Primer Mandatario en la Enade, una muestra de desconfianza en el mundo empresarial, desde donde reiteran que el Estado es un mal empresario y que el control estatal de la producción no contribuye a que la riqueza sea mejor distribuida. Siendo el litio propiedad de todos los chilenos, ¿no es acaso razonable que el Estado tenga un control mayoritario y no es una muestra de confianza proponer una política general de colaboración público-privada? Los grandes aportes de Codelco a las finanzas públicas dejan en evidencia que la participación pública allega más recursos a los ciudadanos. En contraposición a los dirigentes empresariales y a los actores políticos de oposición, las empresas que están involucradas en la industria, que conocen las potencialidades del país y el alcance del proyecto gubernamental, han dado señales claras de su interés de participar.
Las negociaciones pueden ser exitosas. El litio tiene perspectivas extraordinarias. En ese contexto, se abre la posibilidad de que el Estado aporte el recurso, la capacidad empresarial y diplomática para concretar acuerdos con los países que están comprometidos con la descarbonización. El sector privado puede aportar su experiencia en la explotación del mineral, el conocimiento de los mercados y la red empresarial global. Esto permite en el corto plazo la presencia estatal en la gestión global del recurso, poner en marcha procesos tecnológicos que pondrán a Chile en una posición destacada en el mundo. Hace posible, además, en un relativo corto plazo, dar un gran impulso a la investigación científica y tecnológica de Chile, cuestión en que todos concuerdan que estamos al debe. Posibilita construir un sentido de misión que convoca al conjunto del país.
Chile ha perdido múltiples oportunidades en el pasado. Hoy existe el riesgo de que este auspicioso proyecto nacional se entrampe, ya sea por la insistencia en propuestas propias de tiempos pasados o en conflictos políticos que, en el mejor de lo casos, demoren la participación del país en este importante mercado; o, en el peor, que impidan concretar la Estrategia Nacional del Litio.
La propuesta gubernamental es inteligente y es sólida, la participación de Codelco permite avanzar significativamente, sin esperar la aprobación legislativa de la Empresa Nacional del Litio. Es probablemente la política estratégica mejor definida y estructurada que ha formulado un Gobierno en mucho tiempo. Más allá de declaraciones que pueden confundir a algunos –propio esto de los primeros momentos en que se lanza una política innovadora–, se observa una gran claridad en los objetivos, gran consistencia entre los componentes y un elenco de personas con gran experiencia y capacidad. El apoyo decidido a esta política es una obligación histórica de la izquierda y la centroizquierda.
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