Por Eugenio Rivera Urrutia
Director ejecutivo de la Fundación La Casa Común.
Dos derrotas consecutivas han golpeado con fuerza a la izquierda. Comprender las causas de esta situación resulta, necesariamente, un proceso doloroso, lo que genera el peligro de equivocar el camino. De hecho, en muchas reflexiones aparece un problema de generalización, falta de precisión en la descripción de los momentos y déficits contra los que reacciona la ciudadanía y una clara falta de conceptualización de lo que se está haciendo bien (aunque se puede mejorar) y lo que se hace mal.
La política a tientas ante los enigmas de la sociedad chilena
Es ya un lugar común señalar que la sociedad chilena ha cambiado; no obstante, no logramos calibrar la magnitud, el sentido y los efectos sociales y políticos de los cambios. Luego del estallido social y el plebiscito de entrada, parecía que nos dirigíamos inevitablemente hacia una transformación profunda del país. Aun cuando la votación obtenida por el candidato Gabriel Boric en la primera vuelta presidencial denotó un debilitamiento del espíritu transformador en la sociedad, sí traslucía la existencia de una mayoría progresista. El plebiscito del 4S del 2022 dejó en evidencia un fuerte cambio de dirección cuando cerca de 8 millones de chilenos optaron por rechazar el texto constitucional, lo cual fue refrendado, solo parcialmente, en las reciente elección de consejeros constitucionales. Tampoco es la volatilidad un fenómeno nuevo; desde el 2006 se han alternado 5 gobiernos de signo opuesto.
Hay diagnósticos que se vienen reiterando desde hace ya tiempo, pero con frecuencia no dan cuenta de la complejidad de los desafíos. Es evidente la desconfianza de la ciudadanía frente a los partidos y las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, aun cuando el primer proceso constituyente dejó en evidencia que la conducción política es fundamental para alcanzar el éxito. Se fortalece la sensación de que los gobiernos no logran resolver las demandas y los problemas del país, más bien estos se acentúan, pero ello es luego del cambio de gabinete en septiembre, también resultado de la estrategia política de la derecha.
La población experimenta un miedo generalizado frente al crimen organizado, el narcotráfico, la polarización política y el aumento de la violencia (pese a que Chile sigue siendo el país de la región que presenta menores grados de ese flagelo). Ello implica que se trata de un fenómeno que tiene dimensiones comunicacionales y de percepciones subjetivas que es necesario dilucidar. Hay también una creciente incertidumbre frente al presente y el futuro inmediato (que se agudizó con la pandemia y sus trágicos resultados) y la suerte que enfrentarán las futuras generaciones (parece cierto que ellas no mejorarán su situación en comparación con las actuales).
El sistema de partidos vive una creciente fragmentación; el gran número de organizaciones políticas no da total cuenta de ella, pues muchos partidos están a su vez divididos en varios lotes y tendencias. Ello genera ingobernabilidad en el Congreso; la voz de los liderazgos partidistas es constantemente desafiada por los “díscolos” de diferentes pelajes. Es probablemente equivocado pensar que la fragmentación es un fenómeno exclusivo del sistema político. Parece más bien reflejar un debilitamiento de las identidades colectivas tradicionales, en particular las asociadas a las identidades políticas partidistas presentes en la sociedad civil, a la creciente diversidad de los trabajos en un contexto de diversificación extrema de la actividad económica y un fortalecimiento de la capacidad de agencia individual.
Frente a la evaluación puramente negativa del individualismo por parte de sectores de izquierda, Carlos Ruiz ha insistido, con razón, en la necesidad de que la izquierda reconozca que la demanda de autonomía individual responde a una noción de libertad distinta a las sociedades del siglo XX. Tampoco está la derecha libre de problemas, pues la asume de una manera completamente mercantil: el derecho a elección en ofertas de educación y en salud. Pero este individuo está reclamando mucho más que eso: derechos económico-sociales para los cuales, sin duda, un mayor rol del Estado es indispensable, pero hay otras demandas que “la idea de más Estado” no resuelve.
La economía enfrenta graves problemas crónicos. El aumento promedio del PIB y la capacidad de crecimiento se han reducido sustancialmente. La pandemia y la invasión de Ucrania por Rusia han afectado el desempeño de la producción y generado tasas de inflación no vistas desde hace tiempo. La productividad, aunque variable según los sectores, ha tendido a estancarse. La crispación política alcanza tales extremos que lleva a desconocer la efectividad estabilizadora de la política macroeconómica. Por otra parte, mientras la derecha insiste en que el modelo de crecimiento no enfrenta problemas significativos, sino que se ve solo afectado por la política y la incapacidad de los gobiernos de contener el populismo y los excesos medioambientales, no cabe desconocer que el Gobierno avanza, logra el equilibrio fiscal e inicia la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, del cual la Estrategia Nacional del Litio es un primer paso auspicioso.
Las elecciones de consejeros constitucionales: ¡No uno; dos tsunamis! Pero no todo está resuelto
Una primera lectura de los resultados de la elección de consejeros constitucionales puso de relieve el tsunami republicano y que el 7 de mayo, presuntamente, se habían repetido las cifras que obtuvieron el Rechazo y el Apruebo el 4 de septiembre del año pasado. Sin duda que el partido de JA Kast logró una impresionante alza de su caudal electoral, al constituirse por lejos en la primera fuerza política con un 35,4% de los votos. No obstante, tanto o más impresionante fue el tsunami protagonizado por los votos nulos y blancos, que pasaron de 278 mil en el plebiscito de salida (equivalentes al 2,14%) a 2 millones 700 mil votos (equivalentes a 21,53% de los votos emitidos), esto es, una cifra casi 10 veces mayor.
Por otra parte, en contraste con los 7 millones 891 mil votos (7.891.415) obtenidos por el Rechazo el año pasado, la oposición (incluidos los republicanos, Chile Vamos y el Partido de la Gente) obtuvo 6 millones 70 mil votos (exactamente 6.069.074), esto es, 1 millón 800 mil votos menos (1.822.341). Por su parte, las listas gubernamentales y cercanas al Gobierno obtuvieron casi un 1 millón 200 mil votos menos que lo que obtuvo el Apruebo en el plebiscito del año pasado.
Sin perjuicio de que es necesario estudiar con detención los resultados electorales, un análisis provisorio requiere responder a dos preguntas principales. La primera es preguntarse por las razones que llevaron a casi 3 millones de votantes a votar nulo o en blanco. Diversos analistas han señalado que esos votos representan desinformación y antipolítica (Kathya Araujo); otros, que asistimos a una derechización de la sociedad, el voto de rechazo de los que nunca han votado, los apolíticos o antipolíticos que expresan sus preferencias en relación con sus problemas cotidianos, la búsqueda de autoridad, de certeza, de seguridad, pero no les interesa la política y rechazan a la elite (Manuel Antonio Garretón).
También se postula la existencia de una alta volatilidad asociada con las preocupaciones del momento, las formas coyunturales de percibir el mundo y las reacciones inmediatas a las amenazas que se sienten o experimentan (Kathya Araujo). También se afirma que la gente quiere cambios, por lo que tienden a optar por los “outsiders”; pero en la medida que comienzan a gobernar, dejan de encarnar el cambio y buscan otras opciones (Juan Pablo Luna).
La segunda pregunta tiene que ver con la votación del Partido Republicano. Su explosivo crecimiento ha sido interpretado de diversas formas. Para algunos sería resultado de que se ha perfilado como un “outsider”, que profita de los beneficios de carecer de responsabilidades políticas importantes, que aparece provisto de una fuerte autoridad que le permitiría hacer que las cosas ocurran y que será eficaz con el uso de la fuerza, pues no reconoce (al menos explícitamente) las restricciones que plantean los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Juan Pablo Luna ha enfatizado como causas del éxito del Partido Republicano la construcción de un aparato político “leninista”, una mejor relación con los sectores populares, un trabajo sistemático de construcción de bases sociales, de conocimiento y de relación con los sectores populares de dicha colectividad y el hecho de que se ha ganado una buena parte del voto evangélico. Cabe, sin embargo, agregar un elemento crucial con importantes consecuencias para el futuro. La volatilidad de la decisión electoral de amplios sectores y el hecho de que muchos votan por quien más preocupado aparece por las presiones del momento, hacen presumir que una parte importante del electorado de JA Kast votó por la lista de Republicanos porque supo relevar los graves problemas de inseguridad y miedo que se han instalado en el país.
En este sentido, resulta razonable la hipótesis de que en torno a un millón y medio de la votación republicana, esto es, una cifra en torno al 40% de su votación, puede optar en el futuro por opciones distintas. Si se suma este millón y medio a los casi 3 millones de votos nulos y blancos, se alcanza una cifra de 4 millones y medio de electores, que equivale a los votantes que se han incorporado al padrón electoral como efecto del voto obligatorio. Del mismo modo, deducida esa cantidad a la votación de la derecha, la cifra de votos obtenidos por la oposición se ubicaría en torno al 40% de los votos válidamente emitidos, lo que coincide más o menos con la votación tradicional de la derecha.
Es así que se puede concluir de forma preliminar que, pese a que en las elecciones del 7 de mayo la derecha, en particular la extrema derecha, obtuvo un triunfo contundente, si se parte de la premisa de que la participación en las últimas dos contiendas electorales se va a mantener, los resultados de las próximas elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales se definirán en buena medida conforme a lo que decidan los cerca de 4 millones y medio de votantes que en la elección del 7 de mayo prefirieron votar en blanco o nulo, o que votaron por los republicanos por razones coyunturales.
Tres factores serán probablemente cruciales para definir las futuras elecciones: la gestión del Gobierno, la capacidad del Partido Republicano de mantener la votación lograda (cuestión no sencilla, habida cuenta de la alta volatilidad que ha mostrado el electorado y el colapso que sufrieron otras fuerzas igualmente extrasistema, como fueron los casos de Lista del Pueblo y el Partido de la Gente) y la posibilidad que la derecha tradicional pueda poner en marcha una estrategia alternativa a la de Republicanos.
La izquierda: ¿en busca del horizonte perdido?
Dos derrotas consecutivas han golpeado con fuerza a la izquierda. Comprender las causas de esta situación resulta, necesariamente, un proceso doloroso, lo que genera el peligro de equivocar el camino. De hecho, en muchas reflexiones aparece un problema de generalización, falta de precisión en la descripción de los momentos y déficits contra los que reacciona la ciudadanía y una clara falta de conceptualización de lo que se está haciendo bien (aunque se puede mejorar) y lo que se hace mal.
Decimos generalización, pues en varios ámbitos no se realizan distinciones fundamentales. Una de ellas ha sido el discurso de que el triunfo de JA Kast y Republicanos es resultado de que es la única fuerza política que sigue relevando la impugnación y el discurso del cambio. Resulta difícil de entender que se afirme que JA Kast representa el cambio, en circunstancias que es sin duda el mayor enemigo de los esfuerzos por superar el modelo neoliberal. Su discurso permanente ha sido la defensa de la Constitución heredada; la crítica radical a la lucha feminista, la invisibilización del abuso y la descalificación de la universalización de los derechos económico-sociales y de la profundización democrática. Todo ello, sumado a que representa a los sectores más nostálgicos del pinochetismo (que, como decíamos más arriba, representan un poco más de la mitad de la votación obtenida por los candidatos republicanos), sugiere que Kast es el candidato de la restauración.
Existe, también, falta de precisión. El primero se refiere al déficit histórico de la izquierda en cuanto a ignorar que la reacción de la derecha y el mundo empresarial está determinada, en buena medida, por la percepción que ella construye respecto de la amenaza que implica el proyecto de las izquierdas. En tal sentido, es indudable que el texto constitucional propuesto en el primer proceso constituyente es decisivo para explicar la fuerza del Rechazo. En este campo la autocrítica brilla por su ausencia, en particular de aquellos grupos de independientes que obtuvieron un gran número de consejeros y consejeras.
El segundo se refiere a la reticencia de indagar en la pregunta de ¿por qué temas que responden a preocupaciones universales generaron un rechazo tan radical por parte de la ciudadanía? Ello tiene que ver con que, si bien los postulados de la nueva izquierda, de las feministas, de los ecologistas, de los pueblos originarios, aluden a temas de relevancia universal, los principios sustentados no solo admiten diversas formulaciones y alcances que pueden no ser compartidos por todos los partidarios de esos principios sino que, además, en las distintas coyunturas los planteamientos de esas distintas agrupaciones pueden ser contradictorios entre sí, pueden debilitar la coherencia programática y desarticular el proyecto político.
De no tomar en cuenta este problema, se corre el peligro de que no solo no se concite el apoyo ciudadano, sino que se generen rechazos viscerales (el rechazo mayoritario del pueblo mapuche al texto constitucional es, sin duda, emblemático). Si esto es así, es fundamental reformular las propuestas y ver cómo eso modifica las proposiciones que de ahí se derivan y sus implicancias para las políticas públicas.
Denota, también, falta de precisión la autocrítica respecto de la gestión del Presidente Boric y la coalición gubernamental. El plebiscito del 4S fue, en primer lugar, un rechazo de casi ocho millones de votantes a la propuesta constitucional (a esa cifra habría que agregar a muchos que votaron por el Apruebo más para demostrar apoyo al Gobierno). Tampoco es preciso señalar que el plebiscito del 4S y la elección de constituyentes fueron una crítica genérica a la gestión gubernamental. Hasta el 4S, era compartido en la izquierda que la gestión en seguridad era insostenible.
El cambio de gabinete fue expresión de ello y no cabe sino reconocer que hoy existe y se empieza a percibir una clara dirección y creciente control de problemas como el crimen organizado, la inmigración, el alzamiento en armas en el sur, que requieren inteligencia, acción y tiempo para ser controlados. Llama la atención, también, que las autocríticas no valoran los éxitos del Gobierno. Se destacan con razón la ley de las 40 horas, el aumento del salario mínimo, el fin del copago entre otras medidas. Se puede coincidir en que es necesario fortalecer el apoyo a los sectores más vulnerables; también a los sectores medios, pero ello no puede llevar a invisibilizar en el análisis el equilibrio fiscal (que pasó de un déficit de 22% del PIB en el 2021 a un superávit en el 2022) y el avance en el control de la inflación.
Con ello, se pierde de vista no solo la importancia para el país de esos logros sino también el rol político que la incapacidad de controlar los problemas fiscales y de inflación han jugado en el curso político de muchos procesos “progresistas” en otros países de la región. Escapa, también, a muchas autocríticas que, después de décadas, se empieza a dar pasos efectivos para instalar un nuevo modelo de desarrollo. Centrar las dificultades que enfrenta el Gobierno en una presunta moderación del programa y, al mismo tiempo, resaltar la falta de conexión de la izquierda con el mundo popular y sus problemas, no es fácil de comprender.
La sucesión de derrotas y la correlación de fuerzas, las dificultades que encuentra la reforma tributaria no son problemas menores que se pueden obviar. Es necesario buscar alternativas. De ahí que cabe valorar la propuesta de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, de comenzar a resolver los problemas, como, por ejemplo, el de los deudores del CAE, empezando por aquellos que no terminaron las carreras por las cuales se endeudaron.
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