Tribunales de alzada de las ciudades de Antofagasta, La Serena, Santiago, Chillán y Valdivia han acogido hasta ahora cinco iniciativas impulsadas por la campaña “Decido Yo”.
La Coordinadora No+AFP y la fundación La Casa Común convocaron este martes a sumarse a su campaña #DecidoYo que invitaba a los ciudadanos del país a tratar de retirar sus fondos de pensiones bajo el argumento de que pertenecen a los trabajadores.
Como era de esperar, la respuesta fue negativa. Sin embargo, la idea es que con este antecedente, los ciudadanos puedan recurrir masivamente a la Corte de Apelaciones para presentar recursos de protección contra las AFP, para que la propiedad de los fondos los definiera la justicia.
En ese escenario, hasta ahora cinco tribunales de alzada de las ciudades de Antofagasta, La Serena, Chillán, Santiago y Valdivia han declarado admisibles estos recursos, y aún falta su pronunciamiento en Iquique, Valparaíso y La Araucanía. Además, la medida obliga a las AFP a elaborar un informe en el que expliquen las razones porqué rechazaron la solicitud de los cotizantes.
Uno de estos casos es el de Eduardo Ossandón (57) en Santiago, quien tiene proyectada una pensión cercana a los 200 mil pesos. “Con esa pensión no tendría para vivir y esa es la reliadad de todos los pensionados. Si se van a jubilar, lo ideal es que no tengan deudas porque si no, no tienen como cubrirlas”, aseguró.
En la misma línea, María Angélica Ojeda (65) trabajó 26 años como profesora en la corporación municipal de Antofagasta. Su último sueldo fue de 1.200.000 pesos, pero su pensión como jubilada apenas alcanzará los 185 mil. Actualmente es deudora de un crédito hipotecario, cuyo dividendo es de 220 mil pesos y alcanzó a cubrirlo apenas gracias a una pensión Valech.
Su abogada Nina López explicó que “lo que se planteó en el recurso es que en la actual situación no va a poder pagar la propiedad y la va a perder, entonces quiere sus fondos para pagar su casa y ver si es que puede hacer una inversión, quizás comprarse un taxi. Cualquier cosa le va a dar más renta que la pensión. En rigor, ella no tendría por qué explicarle a nadie porqué necesita sus fondos. Si ella es dueña no debería explicarle nada a nadie”.
El fundador de La Casa Común, Fernando Atria, participa como abogado patrocinador de estos recursos y manifestó que “por 40 años nos han dicho que los trabajadores somos los dueños de nuestros fondos previsionales, pero todos y todas sabemos que ser dueño de algo significa que uno puede decidir cómo se usa. En el caso de la propiedad de los fondos previsionales esto es una mentira, porque la única función que cumple es poder culpar a los trabajadores de que sus pensiones sean bajas”.
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