El conflicto geopolítico actual no puede comprenderse únicamente como una disputa entre un orden unipolar en declive —centrado en Estados Unidos y sus aliados occidentales— y una constelación multipolar emergente donde China, Rusia, India, y potencias regionales como Brasil, Indonesia, Turquía o Pakistán buscan mayor presencia y margen de maniobra.

Esa lectura es necesaria, pero insuficiente. Debe completarse con otra dimensión: la lucha por el control de la energía, tanto en su forma fósil tradicional como en sus nuevas formas renovables, a lo que se le suma el control de los minerales críticos y los avances tecnológicos.

La guerra entre EEUU-Israel e Irán ha puesto de relieve esta nueva dimensión. El control sobre las cadenas de los suministros globales de la economía basada en la energía fósil, y el alza por tanto, de los precios de los combustibles (bencinazo en Chile) plantea a los países la cuestión de su autonomía energética, en parte en base al recurso renovable.

Autoras como Susanne Götze y Annika Joeres han señalado -por ejemplo- que la seguridad europea contiene una contradicción básica: Europa invierte en defensa militar, pero sigue siendo vulnerable al depender del petróleo y gas importado desde regiones inestables o regímenes autoritarios. No hay una verdadera seguridad estratégica mientras la base energética de la economía siga sometida a dependencias externas.

La realidad lo demuestra: la soberanía no se mide solo en tanques, alianzas militares o fronteras, sino también en la capacidad de producir energía propia, limpia, resiliente y barata.

El poder fósil se basó durante más de un siglo en la concentración geográfica del petróleo, el gas y el carbón. La energía ha sido un eje estructurante del poder internacional: guerras, alianzas, negocios, rutas marítimas, sanciones y estrategias de seguridad han estado profundamente condicionadas por el acceso a los hidrocarburos. En la actualidad, la fragmentación de la globalización y el reordenamiento de las cadenas energéticas tradicionales hacen al mundo más impredecible y peligroso.

Y es aquí dónde surge una nueva tensión.
Por un lado están los Estados fósiles: países productores de petróleo y gas, o potencias que utilizan esos recursos como instrumento de influencia. Rusia es el ejemplo más evidente para Europa, pero también deben considerarse los países del Golfo, Estados Unidos como gran productor de hidrocarburos, Irán, Venezuela y otros actores. Estos Estados no solo disponen o venden energía: transan dependencias y alianzas. El gasoducto, el barco petrolero, la refinería y el contrato de suministro son también poderosos instrumentos de poder.

Por otro lado emergen Estados (Dinamarca es un buen ejemplo, pero también Pakistán, Marruecos, Indonesia, Costa Rica, y por cierto Chile, pues casi el 50% de su electricidad proviene de fuentes renovables) que tienden a construir una autonomía estratégica basada en energías renovables, electrificación, hidrógeno verde, almacenamiento, eficiencia energética y control de cadenas tecnológicas.

Según IRENA, (la Agencia Internacional de Energías Renovables) la transición energética está cambiando la noción misma de seguridad energética: Ya no se trata solo de asegurar flujos de petróleo y gas, sino de construir sistemas eléctricos flexibles, redes resilientes, tecnologías limpias y acceso seguro a materiales críticos.

La diferencia geopolítica es notoria.
Los combustibles fósiles tienden a generar relaciones verticales de dependencia: pocos territorios concentran reservas, pocos actores controlan rutas, y los importadores de fósiles quedan expuestos a chantajes, guerras o volatilidad de precios.
Las renovables, en cambio, permiten una mayor descentralización: sol, viento, biomasa, geotermia e hidráulica pueden producirse en diferentes territorios. Esto no elimina las desigualdades, pero cambia el mapa del poder.
La autonomía energética ya no significa poseer petróleo; significa dominar tecnologías, redes, almacenamiento, minerales, industria y planificación pública.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que la transición renovable atenúa la geopolítica. Sólo le suma un nuevo componente. La Agencia Internacional de Energía advierte que las tecnologías limpias dependen de minerales críticos como litio, cobre, níquel, cobalto, grafito y tierras raras, cuya extracción está concentrada en pocos países.
Chile es uno de ellos. Pero la nueva geopolítica verde puede reproducir viejas formas de dependencia si los Estados no diversifican suministros, desarrollan reciclaje, reducen consumo material y construyen capacidades industriales propias sin caer en dependencias geopolíticas.

La transición energética puede ser emancipadora y una gran oportunidad para un país como Chile, por la demanda mundial de minerales y si reduce la dependencia fósil y democratiza el acceso a la energía. Pero también puede convertirse en una nueva forma de dependencia, por la competencia geopolítica por minerales críticos, localizaciones de procesamiento, tecnologías, patentes y cadenas de suministro.

El conflicto no será simplemente entre “Estados fósiles ” y “Estados renovables ”. Habrá Estados que usen el discurso verde para fortalecer su posición industrial; empresas que busquen monopolizar tecnologías; potencias que compitan por litio, cobre o tierras raras; y países del Sur Global que podrían quedar atrapados una vez más, como simples proveedores de materias primas.

El conflicto geopolítico contemporáneo está atravesado por esta doble transición: del orden unipolar al multipolar, y del régimen fósil al régimen energético de bajas emisiones. Ambas transiciones se cruzan. China busca liderazgo en paneles solares, baterías, vehículos eléctricos y tierras raras. Estados Unidos intenta recuperar capacidad industrial y reducir la brecha tecnológica con China. Europa habla de autonomía estratégica, pero aún depende de la energía importada y de cadenas globales frágiles. El Sur Global reclama financiamiento climático, justicia energética, derecho al desarrollo y a ser escuchado en el nuevo mundo multipolar.

Pero la autonomía energética del siglo XXI no puede entenderse como autosuficiencia cerrada. Ningún país será completamente autosuficiente. Pero sí puede reducir vulnerabilidades mediante una combinación de renovables, redes regionales, almacenamiento, eficiencia, economía circular, diversificación de minerales, industria nacional y cooperación internacional. La soberanía energética moderna no consiste en aislarse, sino en no ser chantajeable.

La geopolítica climática y energética será uno de los ejes del siglo XXI. El poder ya no dependerá solo de portaaviones, bases militares o divisas internacionales, como lo demuestra ya el conflicto en medio oriente, pero tampoco de“petróleo contra renovables”. Será una competencia entre quienes controlen sistemas completos: energía limpia, minerales, manufactura, redes, innovación tecnológica, almacenamiento, inteligencia artificial, financiamiento, normas internacionales y capacidad de adaptación climática.

Por ahora, el viejo orden fósil muestra que está en crisis. El nuevo orden renovable está naciendo, y puede reproducir también desigualdades crónicas.
El desafío histórico consiste en convertir la transición energética, no en una nueva carrera por el alineamiento geopolítico, sino en una base para mayor autonomía, justicia socioclimática y cooperación internacional.
En este nuevo escenario Chile tiene una gran oportunidad, pero también corre el riego de profundizar su dependencia si no logra una estrategia clara y consensuada con todos los actores nacionales.