La derrota de Viktor Orbán es un golpe a un modelo que inspira al gobierno de Kast: La construcción de una sociedad iliberal o de autoritarismo competitivo que, en el caso de Orbán, se mantuvo una década y media en el poder durante 4 mandatos consecutivos.

A pesar de incoherencias producto del choque entre su esquema ideológico y la realidad, junto a un desorden en el arranque de su gobierno, Kast se inclina por un modelo confrontacional pausado, pero permanente, el llamado «gobierno de emergencia». Este, al igual que el proyecto ahora derrotado de Orbán, busca construir una sociedad donde se sustituya la democracia liberal por una democracia formal basada en valores ultraconservadores y, especialmente, promover un cambio gradual del sentido común, es decir, cultural de la sociedad.

Sin embargo, Chile no es Hungría, aunque tampoco es inmune al discurso de la ultraderecha global. Hay semejanzas y diferencias con el modelo húngaro.
El país no reúne condiciones ni para una semi-dictadura, ni para una «orbanización plena» en el corto plazo. Pero lamentablemente sí reúne condiciones para una «iliberalización parcial», especialmente si convergen y se mantienen cuatro elementos: la crisis de seguridad (narcotráfico, crimen organizado y violencia rural, por ejemplo en la Araucanía, aumentada por la narrativa oficial); si persiste la deslegitimación prolongada de la política institucional (Congreso, partidos, Estado social de derechos); si persiste la idea en el Gobierno de que su mayoría electoral circunstancial es un «cheque en blanco» para un endurecimiento permanente; y para una política destinada fundamentalmente a favorecer a los sectores de altos ingresos.

El riesgo principal no es una represión directa –aunque se exprese contra manifestantes opositores en el futuro–. El riesgo principal es que cambie el clima valórico de la sociedad.
Como en Hungría, el peligro es una democracia formalmente intacta, pero con derechos debilitados, contrapesos erosionados y una disidencia cada vez más difícil de articular.
¿Dónde están los puntos vulnerables del sistema democrático chileno? En la seguridad y los estados de excepción. Esa es la puerta de entrada a la democracia iliberal. Chile ya ha normalizado algo muy delicado: los estados de excepción prolongados (Macrozona Sur) y cierta presencia militar en tareas de orden interno, especialmente en la Araucanía, y en los planes para tareas de control migratorio.

El peligro es convertir la excepcionalidad en regla, la mantención permanente de la idea del gobierno de emergencia, pues esto conlleva ampliar atribuciones policiales y militares sin controles equivalentes. Y en particular, redefinir la protesta social, el conflicto territorial o la desobediencia civil como «amenazas a la seguridad». Esto es exactamente el camino húngaro.

El derecho penal como herramienta política
Como en Hungría, el Gobierno buscará la ampliación de la prisión preventiva, la flexibilización del uso de la fuerza, el endurecimiento de leyes antiterroristas y la restricción del derecho a reunión.
El riesgo no es solo castigar delitos reales, sino bajar estándares probatorios, criminalizar entornos sociales, hacer del proceso penal un instrumento disuasivo. Esto no requiere una dictadura; basta con cambios legales y administrativos.

Migración como chivo expiatorio
Chile es especialmente vulnerable en este punto: migración reciente, visible y concentrada territorialmente, pues la ultraderecha busca generar una asociación entre migración, delito y desorden. Los riesgos son expulsiones sin debido proceso, reducción de garantías administrativas, discriminación legal (limitar acceso a servicios y negar la regularización). Orbán demostró que no hace falta encarcelar migrantes de forma masiva; basta con transformarlos en jurídicamente precarios.

Sociedad civil, ONG y universidades: erosión silenciosa
Si bien Chile tiene una sociedad civil relativamente fuerte, esta es financieramente frágil. Riesgos reales para su debilitamiento son posibles por medio de recortes selectivos del financiamiento público. También auditorías, exigencias administrativas extremas, cambios en criterios de asignación. Y una estigmatización de las ONG como «ideológicas» o «antipatrióticas». No se cierran organizaciones o centros académicos; se les seca, se les desgasta, se les margina.

Prensa: presión indirecta, no censura abierta.
El sistema chileno es concentrado y dependiente de la publicidad estatal, de grandes avisadores y de acceso a fuentes oficiales. Los riesgos son un uso discrecional de la publicidad estatal y una restricción del acceso a información. En Hungría se ha intentado una deslegitimación sistemática de la prensa crítica como prensa militante o enemiga del orden. Todo esto no viola formalmente la libertad de expresión, pero reduce el pluralismo efectivo.

La batalla cultural e institucional
En este ámbito, el riesgo es incremental y una prioridad de la ultraderecha: cambios curriculares en educación, debilitamiento de políticas de género, reinterpretación restrictiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, nombramientos ideológicos en cargos claves. No se derogan derechos de golpe; se los vacía por la vía administrativa. El mejor ejemplo es el Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia.

¿Qué puede hacer que el riesgo de retroceso autoritario aumente?
Mayorías parlamentarias disciplinadas en el bloque de gobierno. Orbán pudo hacerlo porque tuvo dos tercios del Parlamento y una cohesión partidaria, lo que le permitió una continuidad temporal en el tiempo.

Si en Chile la ultraderecha logra estabilizar una mayoría en ambas cámaras y un manejo cohesionado del Ejecutivo, el margen de erosión institucional crece de forma exponencial.

Normalización social del discurso «derechos vs. orden»
Un peligro mayor radica en la percepción de lo jurídico, pues cuando una mayoría de la sociedad acepta que los derechos son un lujo –y no una condición básica de funcionamiento de la sociedad–, el orden es el valor supremo. Ahí la represión blanda deja de verse como problema y pasa a verse como necesaria y de «sentido común».

Fragmentación de la oposición democrática
Orbán gobernó tantos años a pesar de la corrupción y el bajo crecimiento porque la oposición estaba dividida, deslegitimada, sin proyecto común. En Chile, la polarización política, el desgaste del centro y la desconfianza mutua dentro de la izquierda pueden cumplir esa misma función. Pero hay factores que juegan a favor de Chile para frenar el proceso de iliberalización. El país no está condenado –¡por cierto que no!– a que la ultraderecha remodele la sociedad chilena, pues, entre otras razones, carece de la mayoría ciudadana.

Algunos frenos reales
La memoria histórica y los derechos humanos. La experiencia de la dictadura sigue aún viva. Hay reflejos institucionales y sociales ante abusos y persecuciones.
El Poder Judicial es relativamente autónomo. No es perfecto, pero no está capturado. La cultura jurídica chilena es más garantista que en Europa del Este.

Sistema interamericano de DD. HH., Corte IDH, tratados internacionales, redes jurídicas activas. Esto eleva el costo político internacional y legal de medidas extremas.

Sociedad civil movilizable. Feminismo, estudiantes, gremios y sindicatos, pueblos originarios, consumidores, ambientalistas. La capacidad de protesta y de articulación está aún presente, pero debe evitar provocaciones que la deslicen a la violencia, que aísla y legitima la mano dura.
Estos frenos no son absolutos, pero dificultan la regresión autoritaria.

Un escenario probable, pero también modificable
Un escenario probable no es el de Hungría o El Salvador, sino algo similar a un Chile más securitizado, más restrictivo en derechos, con una democracia formal funcionando, pero con menor pluralismo, menor protección de minorías y, especialmente, mayor intolerancia a «lo diferente».

Esto sería una «iliberalización a la chilena»: legal, gradual, justificada en nombre del orden y la seguridad.

El riesgo no es un desmantelamiento abrupto de la institucionalidad. Es un deslizamiento de la institucionalidad unida a una descomposición de la moral pública. No se manifiesta con tanques, sino con leyes, decretos administrativos, restricciones presupuestarias y narrativas que redefinen lo aceptable por la sociedad y la institucionalidad. Por ejemplo, decretos extremos del ejecutivo tolerados por la Contraloría. Y justamente por eso es peligroso, porque muchas personas, ya adormecidas o anestesiadas, apoyarían o podrían ser indiferentes, convencidas de que «no pasa nada grave». Incluso dentro de la misma oposición.

Hugo Calderón M.